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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad interpuesto por una e…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad interpuesto por una empresa de seguridad contra la sentencia que confirmó una multa de 60 UTM impuesta por la Inspección del Trabajo por negar teletrabajo a trabajadores con hijos menores. La Corte desestimó las alegaciones de infracción de ley y de las reglas de la sana crítica, validando la facultad de la Inspección del Trabajo para fiscalizar y sancionar en estos casos. Se estableció que la autoridad no se extralimitó, pues sus facultades no requieren una interpretación contractual compleja, y que la sentencia no vulneró el principio de razón suficiente, ya que las premisas fácticas consideraron la naturaleza de las funciones, el contexto de la prestación de servicios y las objeciones de la empleadora, sin demostrarse infracción a la lógica.

Normas citadas

  • Código del Trabajo
  • DFL N° 2
  • Ley N° 18.575
  • Artículo 477 del Código del Trabajo
  • Artículo 2 de la Ley N° 18.575
  • Artículo 503 del Código del Trabajo
  • Artículo 420 del Código del Trabajo
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Preguntas frecuentes

¿La Inspección del Trabajo puede sancionar a un empleador que niega el teletrabajo a trabajadores con hijos menores?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que la Inspección del Trabajo tiene facultad para fiscalizar y sancionar esa negativa, por lo que validó la multa de 60 UTM impuesta a la empresa.

¿Puede la Inspección del Trabajo exceder sus facultades al fiscalizar el teletrabajo de trabajadores con hijos menores?

En este caso, la Corte concluyó que la autoridad no se extralimitó, porque sus facultades no requieren una interpretación contractual compleja para ser ejercidas.

¿Una sentencia que confirma una multa laboral vulnera el principio de razón suficiente si considera las objeciones del empleador?

En este caso, la Corte sostuvo que no hubo vulneración, pues la sentencia consideró la naturaleza de las funciones, el contexto de la prestación de servicios y las objeciones de la empleadora, sin demostrarse infracción a la lógica.

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