Resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo por inf…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
Resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa interpuesto por una reclamante en contra de una Delegación Presidencial Regional. El Consejo determinó que la presentación carecía de un elemento habilitante, pues lo reclamado no constituía un incumplimiento a la obligación de mantener información en el sitio electrónico, sino que se refería a la falta de respuesta a una solicitud de audiencia bajo la Ley de Lobby, materia ajena a la transparencia activa. Por ello, acordó declarar inadmisible el reclamo y remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre una eventual infracción a la Ley N° 20.730, conforme a sus facultades legales.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Procede reclamar ante el Consejo para la Transparencia por no responder una solicitud de audiencia de lobby?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo, porque lo alegado no era un incumplimiento de transparencia activa sino la falta de respuesta a una solicitud de audiencia bajo la Ley de Lobby, materia ajena a su competencia. Remitió los antecedentes a la Contraloría General de la República.
¿Qué ocurre si un reclamo ante el Consejo para la Transparencia no se refiere a una obligación de transparencia activa?
En este caso, el Consejo sostuvo que la presentación carecía de un elemento habilitante, pues el reclamo no constituía un incumplimiento de la obligación de mantener información en el sitio electrónico. Por ello, lo declaró inadmisible.
¿Qué organismo debe conocer de una eventual infracción a la Ley N° 20.730 cuando el Consejo para la Transparencia no es competente?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acordó remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República, para que se pronuncie sobre una eventual infracción a la Ley N° 20.730, conforme a sus facultades legales.
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