Resumen del criterio jurisprudencial
La recurrente, de nacionalidad venezolana, interpuso un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por la omisión en emitir la orden de pago de derechos y el proyecto de decreto de carta de nacionalización, alegando demora excesiva que vulnera el derecho a la igualdad y al trabajo. El recurrido informó que la solicitud se encuentra en trámite y que la recurrente mantiene su residencia definitiva, por lo que no existe perjuicio. La Corte consideró que la demora, aunque existente, no es arbitraria debido a la alta carga de trabajo de la administración y a que la recurrente no sufre un daño concreto. Asimismo, acoger el recurso implicaría vulnerar el principio de igualdad ante la ley al dar preferencia a un solicitante sobre otros. En consecuencia, se rechazó el recurso sin costas.