El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información interpuesto contra la Municipalidad de Valdivia. La recurrente había presentado un reclamo relativo a una denuncia por un conflicto entre vecinos, materia que corresponde al derecho de petición y no al acceso a la información pública, y no había formulado previamente una solicitud de información en los términos exigidos por la Ley de Transparencia. Por ello, el Consejo concluyó que no podía tramitar el amparo. La decisión no impide que el reclamante presente en el futuro una solicitud de acceso a la información al órgano o a otro organismo de la Administración del Estado, identificando con claridad el acto o documento requerido. Contra esta resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos desde su notificación.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Procede un amparo de acceso a la información si antes no se presentó una solicitud de transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la recurrente no había formulado previamente una solicitud de información en los términos que exige la Ley de Transparencia, además de haber presentado un reclamo que correspondía al derecho de petición.
¿Qué diferencia hay entre un reclamo ciudadano y una solicitud de acceso a la información pública?
Según esta resolución, una denuncia por un conflicto entre vecinos corresponde al derecho de petición y no al acceso a la información pública, por lo que no puede tramitarse como amparo de transparencia.
¿Qué puede hacer una persona si el Consejo para la Transparencia declara inadmisible su amparo?
En este caso, el Consejo indicó que el reclamante puede presentar en el futuro una solicitud de acceso a la información al órgano o a otro organismo de la Administración del Estado, identificando claramente el acto o documento requerido. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos desde su notificación.
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