Resumen
La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración del I.I.E. N° 8, de 2012, que constató inconsistencias en la información declarada por funcionarios municipales en sus fichas de protección social, lo que habría permitido obtener beneficios sociales de manera indebida. El órgano contralor señaló que no se presentaron nuevos antecedentes que desvirtuaran lo concluido en la investigación, la cual determinó que, de haberse proporcionado la información exacta, los funcionarios no habrían obtenido el beneficio. En consecuencia, se confirmaron las conclusiones del informe y se dejaron sin efecto el oficio N° 43.538, de 2015, y el dictamen N° 16.446, de 2016, ambos de la Contraloría. Además, se hizo presente que la Municipalidad de La Cisterna presentó una querella criminal por estos hechos, la cual se encuentra en tramitación.