Resumen
El Tribunal Constitucional acogió los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe la aplicación de penas sustitutivas a las penas privativas de libertad. El tribunal declaró que dicha norma es inconstitucional por vulnerar la igualdad ante la ley, la proporcionalidad de las penas y el derecho a un procedimiento racional y justo, consagrados en la Constitución Política de la República. Se argumentó que la exclusión total de ciertos delitos del acceso a penas sustitutivas resulta desproporcionada e inequitativa, especialmente cuando el quantum de la pena es menor en comparación con delitos más graves que sí permiten su aplicación. Además, se señaló que la privación de libertad debe ser una medida de última ratio, reservada para las conductas más graves, y que las penas sustitutivas no son un beneficio, sino sanciones orientadas a la reinserción social y la no reincidencia. En la parte resolutiva, el tribunal acogió la inaplicabilidad del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 en todos los casos señalados, y rechazó la impugnación respecto del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798.