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El Tribunal de Contratación Pública conoció una impugnación presentada por una sociedad…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2024

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció una impugnación presentada por una sociedad constructora contra la adjudicación de la licitación pública "Construcción Complejo Polideportivo Comuna de Talagante", convocada por la Municipalidad de Talagante. La recurrente cuestionó el informe de evaluación y el decreto alcaldicio que adjudicó el contrato a otra empresa. El tribunal acogió la impugnación en parte: declaró ilegales y arbitrarios el informe de evaluación de febrero de 2021 y el decreto de adjudicación que favoreció a Constructora Pío V Limitada, por haber modificado las bases al requerir, mediante foro inverso, documentación distinta a la exigida originalmente. Rechazó la impugnación en lo demás y reconoció a la actora el derecho a demandar indemnizaciones civiles y hacer efectivas las responsabilidades administrativas que correspondan. Cada parte pagará sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Un municipio puede exigir en la evaluación de una licitación pública documentos distintos a los que pidieron las bases originales?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitrario el informe de evaluación y el decreto de adjudicación, porque la Municipalidad de Talagante modificó las bases al requerir, mediante foro inverso, documentación distinta a la exigida originalmente.

¿Qué puede hacer un oferente cuya licitación pública fue adjudicada a otra empresa de forma irregular?

En este caso, el tribunal acogió en parte la impugnación de la constructora recurrente y le reconoció el derecho a demandar indemnizaciones civiles y a hacer efectivas las responsabilidades administrativas que correspondan, aunque rechazó la impugnación en lo demás.

¿Quién paga las costas cuando se acoge en parte una impugnación contra una adjudicación de licitación pública?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública ordenó que cada parte pagara sus propias costas, pese a que acogió parcialmente la impugnación de la constructora contra la adjudicación del contrato.

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