El Consejo para la Transparencia resolvió un reclamo por infracción a las normas de tra…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Municipalidad de María Elena, por no tener disponible en su sitio web la información relativa a contrataciones registradas en el Sistema de Compras Públicas. Tras contrastar las obligaciones de los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento con los antecedentes del caso, incluidos los hallazgos de una fiscalización, el Consejo constató la infracción. Sin embargo, la tuvo por subsanada en atención a lo verificado en una nueva revisión del sitio, y acogió el reclamo por unanimidad de sus miembros presentes. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos desde su notificación.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 18.575
Ley N° 19.880
D.S. N° 13
D.F.L. N° 1
Resolución Exenta N° 500 de 2022
Artículo 59 de la ley N° 19.880
reclamoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un municipio no publica en su sitio web la información de sus contrataciones registradas en el Sistema de Compras Públicas?
En este caso, el Consejo para la Transparencia constató que la Municipalidad incumplió sus obligaciones de transparencia activa al no tener disponible esa información en su sitio web. Sin embargo, tuvo por subsanada la infracción tras verificar en una nueva revisión que la información ya estaba publicada, y acogió el reclamo.
¿Cómo se pueden impugnar las decisiones del Consejo para la Transparencia sobre infracciones de transparencia activa?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos desde la notificación de la resolución.
¿Qué medios de prueba considera el Consejo para la Transparencia al resolver reclamos por transparencia activa?
En este caso, el Consejo contrastó las obligaciones de los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento con los antecedentes del caso, incluyendo los hallazgos de una fiscalización, y luego verificó el estado del sitio web en una nueva revisión.
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