Resumen del criterio jurisprudencial
Sheyla Patricia Reyes Paredes, de nacionalidad colombiana, ingresó a Chile en 2012 y reside en Cañete desde hace 9 años, manteniendo una relación de convivencia con un ciudadano chileno y teniendo un hijo chileno. Solicitó residencia temporal en enero de 2024, pero la autoridad migratoria le requirió pagar una multa por residencia irregular, lo cual no cumplió correctamente al pagar una multa por otro concepto. En abril de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones dictó una resolución que rechazó su solicitud y ordenó su expulsión. La recurrente interpuso un recurso de protección alegando arbitrariedad e ilegalidad. La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso, dejando sin efecto la resolución y ordenando reabrir el expediente para otorgar un plazo razonable de al menos 60 días para acompañar el antecedente faltante. El tribunal aplicó el principio pro homine y consideró que los plazos administrativos no pueden ser fatales, debiendo facilitarse la regularización migratoria.