Resumen del criterio jurisprudencial
El debate sobre el uso obligatorio de sistemas biométricos para el control de asistencia en el sector público se intensifica ante la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719. A la luz del oficio de la Contraloría y del marco normativo vigente, se argumenta que el tratamiento de datos sensibles con fines de control laboral no vulnera derechos fundamentales, sino que responde a obligaciones inherentes a la función pública.