El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información presentad…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información presentado contra la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, mediante el cual se solicitaban actas sindicales y datos de afiliación de dos organizaciones de salud correspondientes a un extenso período. El solicitante reclamó ante el Consejo tras la negativa del órgano requerido. En su análisis, el Consejo consideró plausibles las alegaciones de la reclamada y estimó configurada la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, que protege la esfera de la vida privada y los derechos de las personas. Por decisión unánime de los miembros presentes, el Consejo acogió la causal invocada y rechazó el amparo, ordenando notificar la resolución a las partes. Se indicó que en contra de lo resuelto procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo legal, sin que proceda el recurso de reposición administrativo.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoTrabajo
Preguntas frecuentes
¿Puede un organismo público negar la entrega de actas sindicales y datos de afiliación por proteger la vida privada?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, que protege la esfera de la vida privada y los derechos de las personas, y rechazó el amparo.
¿Qué ocurre si un solicitante insiste en obtener información sindical después de una negativa?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo tras considerar plausibles las alegaciones de la reclamada y configurada la causal de reserva sobre vida privada, ordenando notificar la resolución a las partes.
¿Se puede reponer administrativamente una resolución del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia indicó que en contra de lo resuelto procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro del plazo legal, sin que proceda el recurso de reposición administrativo.
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