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Ambiental

La Superintendencia del Medio Ambiente dictó una resolución sancionatoria en un procedi…

Resolución · Superintendencia del Medio Ambiente · 2016

Resumen

La Superintendencia del Medio Ambiente dictó una resolución sancionatoria en un procedimiento administrativo contra una empresa agroindustrial de La Pintana, por presuntos incumplimientos de la norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas y de su programa de monitoreo de descargas. En la parte resolutiva, el organismo dispuso que el pago de la multa debe acreditarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que debió pagarse, con reajustes e intereses del Código Tributario si hay retardo. Además, si el infractor es persona jurídica, quienes la representen legalmente o actúen en su nombre responden subsidiariamente del pago. Las sanciones prescriben a los tres años desde que la resolución quede firme, interrumpiéndose por la notificación del procedimiento de ejecución o la formulación de cargos por incumplimiento. Una vez firme, se ordena anotar la sanción en el Registro Público de Sanciones de la Superintendencia.

Normas citadas

  • Decreto Supremo N° 46
  • Resolución Exenta N° 1
  • Resolución N° 1169
  • Ley N° 20.417
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 19.300
  • Ley N° 18.902

Preguntas frecuentes

¿Quién responde por el pago de una multa ambiental impuesta a una persona jurídica?

En este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente dispuso que, si el infractor es persona jurídica, quienes la representen legalmente o actúen en su nombre responden subsidiariamente del pago de la multa.

¿Cómo se acredita el pago de una multa ambiental y qué pasa si hay retardo?

En este caso, el organismo exigió acreditar el pago dentro de los diez días siguientes a la fecha en que debió pagarse, con reajustes e intereses del Código Tributario si hay retardo.

¿Cuándo prescriben las sanciones ambientales y cómo se interrumpe la prescripción?

En este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente señaló que las sanciones prescriben a los tres años desde que la resolución quede firme, interrumpiéndose por la notificación del procedimiento de ejecución o la formulación de cargos por incumplimiento.

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