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El Tribunal Constitucional, en el control de constitucionalidad del Proyecto de Ley que…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional, en el control de constitucionalidad del Proyecto de Ley que modifica las penas de inhabilitación en el Código Penal, declaró que el artículo 2 N°2 letra b) del proyecto, que agrega un nuevo inciso final al artículo 372 del Código Penal, no se ajusta a la Constitución. El tribunal consideró que la norma vulnera la autonomía constitucional del Ministerio Público al obligarlo a incluir la pena de inhabilitación absoluta perpetua en la acusación y a recurrir sentencias que no la apliquen. Asimismo, compromete la independencia de los jueces al forzarlos a imponer dicha pena, y atenta contra el principio de proporcionalidad al buscar solo el castigo, obviando la reinserción y reeducación del condenado, en contra del artículo 19 N° 3 de la Constitución.

Normas citadas

  • Artículo 93, inciso primero, N° 1° de la Constitución Política de la República
  • Artículo 76 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 372 del Código Penal
  • Ley N° 19.628 (sobre Protección de la Vida Privada)
  • Ley N° 19.665 (artículo 12 ter)
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Preguntas frecuentes

¿Puede una ley obligar al Ministerio Público a incluir una pena de inhabilitación perpetua en la acusación y a recurrir las sentencias que no la apliquen?

No, según el Tribunal Constitucional. En este caso declaró que la norma que imponía esa obligación vulnera la autonomía constitucional del Ministerio Público, por lo que no se ajusta a la Constitución.

¿Es constitucional una norma que obliga a los jueces penales a imponer la inhabilitación absoluta perpetua?

No, de acuerdo con este fallo. El Tribunal Constitucional sostuvo que forzar a los jueces a imponer esa pena compromete su independencia, lo que vulnera la Constitución.

¿Puede una pena penal basarse solo en el castigo sin considerar la reinserción y reeducación del condenado?

No, según este pronunciamiento. El Tribunal Constitucional estimó que la norma atenta contra el principio de proporcionalidad al buscar solo el castigo y omitir la reinserción y reeducación, contrariando el artículo 19 N° 3 de la Constitución.

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