El Consejo para la Transparencia resolvió dos amparos de acceso a la información presen…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2015
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió dos amparos de acceso a la información presentados contra la Municipalidad de Villa Alegre, referidos a la comisión de servicio de un concejal a un curso de capacitación municipal y a los antecedentes de gasto asociados. El organismo acogió parcialmente los reclamos y ordenó al municipio entregar la información solicitada en un plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento legal. Además, representó al alcalde la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia por no haber respondido oportunamente el requerimiento, instándolo a adoptar medidas para evitar que la conducta se repita. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo y notificada a las partes, quedando expedita la vía del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 19.628
Oficio N° 2197
Oficio N° 2.340
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un municipio no responde a tiempo una solicitud de acceso a la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia representó al alcalde la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia por no haber respondido oportunamente el requerimiento, instándolo a adoptar medidas para evitar que la conducta se repita.
¿El Consejo para la Transparencia puede ordenar a un municipio entregar información sobre gastos de capacitación de un concejal?
En este caso, el organismo acogió parcialmente los reclamos y ordenó al municipio entregar la información solicitada sobre la comisión de servicio de un concejal a un curso de capacitación y los antecedentes de gasto asociados, en un plazo de diez días hábiles.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia en un caso de amparo?
En este caso, la decisión fue adoptada por el Consejo Directivo y notificada a las partes, quedando expedita la vía del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
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