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La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que acog…

Sentencia · Corte Suprema · 2022

Resumen

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que acogió un recurso de protección presentado por un particular contra la Municipalidad de Chile Chico. El conflicto se originó por el retiro y destrucción unilateral de pilotes metálicos instalados por el recurrente en un terreno de su propiedad, en el contexto de un litigio pendiente sobre deslindes. La Corte consideró que la municipalidad actuó mediante autotutela ilícita, sin seguir los procedimientos legales establecidos ni contar con una orden judicial previa, lo que vulneró garantías constitucionales. En consecuencia, se ordenó a la municipalidad abstenerse de ejercer acciones de autotutela en el futuro y reinstalar los pilotes removidos en un plazo de noventa días, con costas.

Normas citadas

  • Artículo 19, numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile
  • Ley de Recurso de Protección
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Preguntas frecuentes

¿Puede un municipio retirar y destruir por su cuenta cercos o estructuras instaladas en un terreno privado mientras existe un litigio sobre deslindes?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que no. Consideró que la municipalidad actuó mediante autotutela ilícita, sin seguir los procedimientos legales ni contar con una orden judicial previa, lo que vulneró garantías constitucionales.

¿Qué puede ordenar la Corte en un recurso de protección cuando una municipalidad destruye bienes de un particular sin seguir el procedimiento legal?

En este caso, la Corte Suprema confirmó que la municipalidad debía abstenerse de ejercer acciones de autotutela en el futuro y reinstalar los pilotes removidos en un plazo de noventa días, con costas.

¿Qué garantías constitucionales se pueden invocar frente a la destrucción unilateral de bienes por parte de un órgano del Estado?

En este caso, el recurso de protección se fundó en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución, y la Corte concluyó que la actuación municipal vulneró esas garantías.

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