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Administrativo

La Contraloría General de la República rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por un exfuncionario de la Municipalidad de Calera de Tango contra el sumario administrativo que terminó con la medida disciplinaria de destitución. El organismo estimó irrelevantes los errores formales de los actos, como un apellido incorrecto y la omisión de cédula de identidad y cargo, pues el afectado fue claramente identificado y ejerció su defensa en todas las instancias. Sobre la falta de fundamentación del decreto sancionatorio, concluyó que los antecedentes del expediente sí la sustentaban y que el afectado tuvo conocimiento de ellos, por lo que no se vulneró el justo procedimiento. Respecto de la alegada aplicación de la sanción durante el período de elecciones presidenciales, precisó que sus efectos debían diferirse sesenta días desde la segunda vuelta, por lo que la destitución solo podía producir efectos con posterioridad a esa fecha, ordenando a la municipalidad pagar las remuneraciones hasta entonces e informar en quince días hábiles.

Normas citadas

  • Ley 18883 art/156
  • ley 18883 art/120 lt/d
  • ley 18883 art/123 lt/a ley 18883 art/142
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Un error formal como un apellido mal escrito o la omisión de la cédula de identidad en un decreto de destitución invalida la sanción?

En este caso, la Contraloría sostuvo que estos errores no eran relevantes, porque el funcionario fue claramente identificado y ejerció su defensa en todas las instancias del sumario.

¿Se vulnera el justo procedimiento si el decreto que aplica una destitución no explica sus fundamentos?

En este caso, el organismo concluyó que los antecedentes del expediente sí sustentaban la sanción y que el afectado tuvo conocimiento de ellos, por lo que no hubo vulneración del justo procedimiento.

¿Puede una municipalidad aplicar una destitución durante un período de elecciones presidenciales?

En este caso, la Contraloría precisó que los efectos de la destitución debían diferirse sesenta días desde la segunda vuelta, ordenando pagar las remuneraciones hasta esa fecha e informar en quince días hábiles.

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