Resumen
La Corte Constitucional, en sede de revisión, acogió la acción de tutela interpuesta por los padres de una menor contra un colegio privado, al considerar vulnerado su derecho de petición. Los recurrentes solicitaron al establecimiento educacional la cédula de ciudadanía de un exprofesor para iniciar acciones legales por presunto acoso sexual contra su hija, pero el colegio denegó la información alegando protección de datos personales. La Corte determinó que el número de cédula es un dato público conforme al artículo 243 del Código General del Proceso, por lo que no requiere autorización previa para su divulgación según el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. Además, la respuesta del colegio fue insuficiente al no indicar la norma que justificaba la reserva. En consecuencia, se revocaron las sentencias de instancia y se ordenó al colegio entregar la información solicitada.