La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de jurid…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de juridicidad sobre la resolución N° 4.926, de 2012, de la Comandancia en Jefe de la Armada, que autoriza al jefe del Servicio de Obras y Construcciones de la Armada a adquirir un terreno en la comuna de Castro. El organismo fundó su decisión en que dicho acto se encuentra exento del trámite de toma de razón conforme a la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría. Por ello, remitió el documento sin perjuicio de aplicar las normas sobre controles de reemplazo contenidas en el Título VI de esa resolución.
Normas citadas
res 1600/2008 contr tit/VI
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Debe la Contraloría tomar razón de una resolución que autoriza a un servicio de la Armada a adquirir un terreno?
En este caso, la Contraloría se abstuvo de ejercer el control previo de juridicidad sobre la resolución de la Comandancia en Jefe de la Armada que autoriza la compra de un terreno. Lo fundó en que el acto está exento de toma de razón según la resolución N° 1.600, de 2008, y lo remitió sin perjuicio de los controles de reemplazo del Título VI.
¿Qué significa que un acto administrativo esté exento de toma de razón en Chile?
En este caso, la Contraloría explicó que la resolución de adquisición de terreno queda excluida del trámite de toma de razón por lo dispuesto en la resolución N° 1.600, de 2008. Por eso no realizó el control previo de juridicidad y devolvió el documento.
¿Qué son los controles de reemplazo de la Contraloría y cuándo se aplican?
En este caso, la Contraloría indicó que, aunque el acto no se sometió a toma de razón, se aplicarán las normas sobre controles de reemplazo del Título VI de la resolución N° 1.600, de 2008. El resumen no detalla el contenido específico de esos controles.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.