La Superintendencia de Seguridad Social conoció una reclamación presentada por un parti…
Dictamen · Superintendencia de Seguridad Social · 2017
Resumen
La Superintendencia de Seguridad Social conoció una reclamación presentada por un particular que buscaba el pago del Bono Bodas de Oro, regulado por la Ley N°20.506, tras el fallecimiento de su cónyuge. El Instituto de Previsión Social había informado que el matrimonio se celebró en 1967 y que los 50 años se habrían cumplido en septiembre de 2017, pero la cónyuge falleció en agosto de 2017, antes de esa fecha. Con base en los artículos 1° y 3° de la Ley N°20.506 y en el artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil N°19.947, que establece la muerte como causal de término del matrimonio, la Superintendencia concluyó que el vínculo terminó antes de cumplirse las cinco décadas exigidas. En consecuencia, rechazó la reclamación por no concurrir el requisito de los 50 años de matrimonio.
Normas citadas
Leyes N°s.20.506 y 20.610
Bono Bodas de Oro Término matrimonio
Preguntas frecuentes
¿Procede el Bono Bodas de Oro si el cónyuge fallece antes de cumplirse los 50 años de matrimonio?
En este caso, la Superintendencia de Seguridad Social concluyó que no procede, porque la muerte de la cónyuge puso término al matrimonio antes de cumplirse las cinco décadas exigidas por la Ley N°20.506. Por ello, rechazó la reclamación.
¿Qué requisito exige la Ley N°20.506 para obtener el Bono Bodas de Oro?
Según este dictamen, la Ley N°20.506 exige que el matrimonio tenga una duración de 50 años para acceder al bono. La Superintendencia aplicó este requisito al revisar el caso.
¿La muerte de un cónyuge termina el matrimonio para efectos del Bono Bodas de Oro?
La Superintendencia fundó su decisión en el artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil N°19.947, que establece la muerte como causal de término del matrimonio. Aplicó esa norma para concluir que el vínculo terminó antes de cumplirse los 50 años.
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Dictamen · Superintendencia de Seguridad Social · 2012
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.