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AdministrativoInadmisible

El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de tran…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Municipalidad de Puerto Octay, relativo a la actualización de registros de viajes y donativos exigidos por la Ley de Lobby. El Consejo concluyó que no existía infracción al artículo 7° de la Ley de Transparencia ni al artículo 51 de su Reglamento, y que la Ley N° 20.730 solo le encarga poner a disposición del público estos registros en un sitio electrónico, sin otorgarle facultades de fiscalización. Por ello, declaró inadmisible el reclamo por falta de un elemento habilitante. Se dejó a salvo que el reclamante pueda presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quince días corridos desde la notificación.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros

Preguntas frecuentes

¿El Consejo para la Transparencia puede fiscalizar que las municipalidades actualicen los registros de viajes y donativos exigidos por la Ley de Lobby?

En este caso, el Consejo concluyó que la Ley N° 20.730 solo le encarga poner a disposición del público estos registros en un sitio electrónico, sin otorgarle facultades de fiscalización, por lo que declaró inadmisible el reclamo.

¿Qué puede hacer una persona si considera que una municipalidad no cumple con la actualización de registros de lobby?

En este caso, el Consejo dejó a salvo que el reclamante pueda presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República.

¿Contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo de transparencia activa procede algún recurso?

En este caso, procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quince días corridos desde la notificación de la decisión.

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