El Tribunal de Contratación Pública conoció una impugnación presentada por una unión te…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2022
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública conoció una impugnación presentada por una unión temporal de proveedores contra la licitación pública 'Convenio Compra Servicios Exámenes PET-SCAN-CT' del Hospital Clínico de Chillán, en la que se cuestionó el acta de la comisión evaluadora que calificó la oferta de una fundación competidora. El tribunal acogió la demanda solo en cuanto declaró ilegal y arbitraria dicha acta, únicamente en la evaluación de los criterios de experiencia del profesional en la prestación del servicio y de cumplimiento de requisitos formales, por no haberse aplicado conforme a lo dispuesto en las bases de licitación. Rechazó la impugnación en lo demás y ordenó que cada parte pague sus costas, fundándose en la Ley N°19.886 y su reglamento.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal de Contratación Pública anular la evaluación de una comisión evaluadora en una licitación pública si no aplicó las bases?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitraria el acta de la comisión evaluadora solo en la evaluación de los criterios de experiencia del profesional y de cumplimiento de requisitos formales, por no haberse aplicado conforme a las bases de licitación. Rechazó la impugnación en lo demás, con fundamento en la Ley N°19.886.
¿Cómo se impugna el acta de evaluación de una licitación pública de servicios de salud según la Ley 19.886?
En este caso, una unión temporal de proveedores impugnó ante el Tribunal de Contratación Pública el acta que calificó la oferta de un competidor en un convenio de compra de exámenes PET-SCAN-CT del Hospital Clínico de Chillán. El tribunal acogió la demanda solo en parte, según lo resuelto en la sentencia.
¿Quién paga las costas cuando se acoge parcialmente una impugnación de licitación pública en Chile?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió parcialmente la demanda y ordenó que cada parte pague sus propias costas. La decisión se fundó en la Ley N°19.886 y su reglamento.
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