Resumen
La resolución del Tribunal Constitucional en el caso Rol N° 12.476-21-INA establece como Ratio Decidendi que el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, al restringir de manera absoluta la posibilidad de aplicar penas sustitutivas a las penas privativas de libertad en delitos relacionados con la Ley de Control de Armas, vulnera principios constitucionales como el de proporcionalidad de las penas, igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, consagrados en los artículos 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución. La mayoría argumenta que la exclusión total de beneficios de penas sustitutivas resulta desproporcionada e inequitativa, especialmente en casos de menor gravedad, y que esta disposición no cumple con los fines de reinserción social y protección de las víctimas que debe perseguir la pena. Asimismo, se destaca que las penas sustitutivas, como la reclusión parcial o la libertad vigilada intensiva, no constituyen impunidad, sino que son medidas punitivas que restringen derechos y buscan el control y reinserción de los condenados. La sentencia también subraya que el principio de humanidad, basado en la dignidad humana, exige que la privación de libertad sea utilizada solo cuando sea estrictamente necesaria y para los delitos más graves. Como Obiter Dicta, se menciona que el legislador no puede prescindir de la finalidad de reinserción social al establecer reglas de punición, y que el uso racional de la privación de libertad es esencial para equilibrar los derechos de los condenados, las víctimas y la seguridad pública. Además, se señala que el principio de supremacía constitucional obliga a los jueces a aplicar la ley más favorable al imputado, conforme al artículo 19 N° 3 de la Constitución y el artículo 18 del Código Penal, y que la inaplicabilidad de normas contrarias a la Constitución es un deber de los tribunales. Finalmente, se resalta que la determinación de la ley más favorable debe ser realizada por el juez penal del fondo en cada caso concreto, considerando las circunstancias particulares y el impacto de la norma en la libertad personal del imputado.