El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra la capitalización mensual de intereses prevista en el artículo 19 del D.L. N° 3.500, aplicada en un juicio ejecutivo de cobro de cotizaciones previsionales. La requirente sostuvo una desproporción de la medida, pero el Tribunal no logró identificar qué derecho fundamental entraba en tensión con ella ni pudo ponderar una afectación comparable, por lo que no suplió el déficit argumentativo del requerimiento. Se destacó que la norma protege al trabajador y su derecho a la seguridad social, con un interés público justificado. En consecuencia, el requerimiento fue acogido en el sentido de rechazarse por no configurarse las infracciones constitucionales denunciadas, con un voto de disidencia de la Ministra C.L.T..
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional la capitalización mensual de intereses del artículo 19 del D.L. N° 3.500 en el cobro de cotizaciones previsionales?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad porque no logró identificar qué derecho fundamental entraba en tensión con la capitalización mensual de intereses. Además, estimó que la norma protege al trabajador y su derecho a la seguridad social, por lo que no se configuraron las infracciones denunciadas.
¿Puede el Tribunal Constitucional acoger una inaplicabilidad si el requerimiento no fundamenta bien el derecho vulnerado?
En este caso, el Tribunal no suplió el déficit argumentativo del requerimiento. La requirente sostuvo una desproporción de la medida, pero no fue posible ponderar una afectación comparable, lo que llevó al rechazo.
¿Qué interés público justifica la capitalización de intereses en las cotizaciones previsionales según este fallo?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la norma busca proteger al trabajador y su derecho a la seguridad social, lo que constituye un interés público justificado. Esa finalidad fue determinante para desestimar la desproporción alegada.
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