La Fiscalía Nacional Económica archivó una denuncia por presunto atentado contra la lib…
Resolución · Fiscalía Nacional Económica · 2015
Resumen
La Fiscalía Nacional Económica archivó una denuncia por presunto atentado contra la libre competencia en una licitación de subsidio para transporte público en la Región de la Araucanía. La denuncia se originó tras la renuncia de tres postulantes a sus ofertas, incluida la oferta ganadora, lo que llevó a que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones declarara desierto el proceso. Tras realizar diligencias en terreno, la Fiscalía no encontró antecedentes fehacientes que acreditaran un acuerdo colusorio entre los participantes, prohibido por el artículo 3 letra a) del DL 211. Además, se constató que el tiempo entre la postulación y la adjudicación pudo justificar la reasignación de vehículos y las renuncias. Por ello, y en virtud de los principios de eficiencia y buen uso de recursos públicos, se archivó la causa, sin perjuicio de reabrirla si surgen nuevos antecedentes.
Normas citadas
Decreto Ley N° 211
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si varios oferentes renuncian a sus propuestas en una licitación pública de transporte y se declara desierto el proceso?
En este caso, la Fiscalía Nacional Económica no encontró antecedentes que acreditaran un acuerdo colusorio entre los participantes, por lo que archivó la denuncia. Constató que el tiempo entre la postulación y la adjudicación pudo justificar la reasignación de vehículos y las renuncias.
¿Cuándo la Fiscalía Nacional Económica archiva una denuncia de colusión en una licitación pública?
Según este caso, la Fiscalía archivó la denuncia tras diligencias en terreno al no hallar antecedentes fehacientes de colusión prohibida por el artículo 3 letra a) del DL 211. Dejó expresa la posibilidad de reabrir la causa si surgen nuevos antecedentes.
¿Puede la FNE archivar una investigación por libre competencia invocando eficiencia y buen uso de recursos públicos?
En este caso, la Fiscalía invocó los principios de eficiencia y buen uso de recursos públicos para archivar la causa, junto con la falta de pruebas de un acuerdo colusorio. Esta decisión no impide reabrir el caso si aparecen nuevos antecedentes.
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