El Tribunal Calificador de Elecciones conoció de una apelación contra una sentencia que…
Sentencia · Tribunal Calificador de Elecciones · 2021
Resumen
El Tribunal Calificador de Elecciones conoció de una apelación contra una sentencia que se pronunció sobre una reclamación relativa a la declaración de una candidatura, en la que se discutía la omisión de un requisito previsto en la Ley 18.695 y la forma de ponderar los antecedentes exigidos por la Ley 18.700. El tribunal confirmó la sentencia apelada, rechazando así la reclamación, con el voto en contra de uno de sus ministros, quien estuvo por acogerla. El voto de minoría sostuvo que debía reconocerse el error en la omisión de un presupuesto como el del artículo 57 inciso 2° de la Ley 18.695, y que dicho error debía ponderarse sobre los principios generales de la justicia electoral, de modo que primara la intención sobre la voluntad declarada, considerando la buena fe y la participación ciudadana como extensión de la soberanía en un régimen democrático.
Normas citadas
Ley N° 18.695
Ley N° 18.700
Artículo 3 de la Ley N° 18.700
TRICELjusticia electoralApelación
Preguntas frecuentes
¿Qué criterio aplica el Tribunal Calificador de Elecciones al revisar la declaración de una candidatura cuando se discute el cumplimiento de requisitos legales?
En este caso, el Tribunal Calificador de Elecciones confirmó la sentencia apelada y rechazó la reclamación, desestimando la discusión sobre la omisión de un requisito de la Ley 18.695 y la ponderación de antecedentes de la Ley 18.700.
¿Puede primar la intención del candidato por sobre la voluntad declarada en la justicia electoral?
En este caso, el voto de minoría sostuvo que debía reconocerse el error en la omisión de un presupuesto del artículo 57 inciso 2° de la Ley 18.695 y ponderarlo sobre los principios generales de la justicia electoral, primando la intención sobre la voluntad declarada.
¿Qué principios considera el Tribunal Calificador de Elecciones al resolver una reclamación sobre candidaturas?
En este caso, el voto de minoría consideró la buena fe y la participación ciudadana como extensión de la soberanía en un régimen democrático, mientras que la mayoría confirmó el rechazo de la reclamación.
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