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La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un reclamo judicial presentado en favor d…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un reclamo judicial presentado en favor de una extranjera contra una resolución del Servicio Nacional de Migraciones que dispuso su expulsión del país y una prohibición de ingreso por cinco años. El tribunal razonó que, si bien el ingreso por paso no habilitado configura una infracción contemplada en la Ley 21.325, la autoridad migratoria debe ponderar las circunstancias personales y familiares exigidas por el artículo 129 de esa ley. Acreditado el arraigo familiar, la ausencia de reiteración de infracciones migratorias y la falta de antecedentes penales, la medida de expulsión resultó desproporcionada y, por lo mismo, arbitraria. En consecuencia, se dejó sin efecto la resolución de expulsión y la prohibición de ingreso asociada.

Normas citadas

  • Ley 21.325
  • Resolución Exenta N° 582
  • Artículo 141 de la ley 21.325
  • Artículo 129 de la Ley N° 21.325
  • Código Penal
  • Artículo 132 de la Ley N° 21.325
  • Artículo 132 bis de la Ley N° 21.325
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Preguntas frecuentes

¿Es arbitraria la expulsión de un extranjero si no se ponderan sus circunstancias personales y familiares?

En este caso, la Corte de Apelaciones acogió el reclamo y estimó que la autoridad migratoria debe ponderar las circunstancias personales y familiares exigidas por el artículo 129 de la Ley 21.325. Al no hacerlo, la expulsión resultó desproporcionada y arbitraria.

¿Basta el ingreso por paso no habilitado para expulsar a un extranjero sin evaluar su arraigo familiar?

En este caso, la Corte de Apelaciones señaló que aunque el ingreso por paso no habilitado configura una infracción a la Ley 21.325, la autoridad debe ponderar las circunstancias personales y familiares. Acreditado el arraigo familiar, la expulsión resultó desproporcionada y arbitraria.

¿Qué debe considerar Migraciones antes de decretar la expulsión y prohibición de ingreso de un extranjero?

En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que la autoridad migratoria debe ponderar las circunstancias personales y familiares del artículo 129 de la Ley 21.325. La falta de ponderación, sumada al arraigo y la ausencia de antecedentes penales, tornó la medida arbitraria.

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