Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la Presidencia de la República por la terminación de contrata de un funcionario administrativo. Se estimó que la Resolución Exenta RA N° 212/ de 30 de noviembre de 2022 fue ilegal y arbitraria al poner término al contrato sin previamente establecer la responsabilidad del funcionario en un sumario administrativo. La sentencia ordena dejar sin efecto el acto administrativo, restituir al recurrente en su cargo y pagar todas las remuneraciones dejadas de percibir. Se vulneraron las garantías constitucionales de los artículos 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política.