Resumen
Una empresa inmobiliaria presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la frase del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales que restringe el recurso de queja a las resoluciones interlocutorias de carácter definitivo, en el contexto de una causa ejecutiva laboral de cobranza. En el mismo escrito solicitó, como medida cautelar, la suspensión del procedimiento ante la Corte Suprema, donde se encontraba pendiente un recurso de reposición contra la resolución que declaró inadmisible el recurso de queja, y pidió notificaciones electrónicas y tener presente el patrocinio de un abogado habilitado. El Tribunal Constitucional declaró derechamente inadmisible el requerimiento, sin pronunciarse sobre la suspensión ni los demás otrosíes solicitados.