La Contraloría General de la República se pronunció sobre las bases administrativas y a…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre las bases administrativas y anexos de una licitación pública del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano destinada a servicios de digitación y verificación de datos para programas habitacionales. El organismo observó que no corresponde exigir que la contratación se materialice mediante un contrato de prestación de servicios aprobado una vez tramitada totalmente la resolución, pues los contratos administrativos rigen y pueden ejecutarse una vez tramitados los actos que los aprueban. También objetó que los anexos se refieran exclusivamente a 'empresa' y a la calidad de representante legal de una sociedad, ya que la ley permite ofertar a toda persona natural o jurídica. Asimismo, ordenó precisar la denominación del convenio, corregir la fórmula de cálculo del puntaje total ponderado, reemplazar el término 'reprovisión' por carecer de significado y sustituir la voz 'desahuciar' por no corresponder a este tipo de contratos. En mérito de lo expuesto, la Contraloría representó la resolución en estudio.
¿Puede exigirse en las bases de una licitación pública que el contrato se apruebe recién después de tramitada totalmente la resolución?
En este caso, la Contraloría observó que no corresponde exigir que la contratación se materialice mediante un contrato aprobado una vez tramitada totalmente la resolución, pues los contratos administrativos rigen y pueden ejecutarse una vez tramitados los actos que los aprueban.
¿Es válido que los anexos de una licitación pública se refieran solo a 'empresa' y a la calidad de representante legal de una sociedad?
En este caso, la Contraloría objetó que los anexos se refieran exclusivamente a 'empresa' y a la calidad de representante legal de una sociedad, ya que la ley permite ofertar a toda persona natural o jurídica.
¿Qué observaciones puede hacer la Contraloría a las bases administrativas de una licitación pública?
En este caso, la Contraloría ordenó precisar la denominación del convenio, corregir la fórmula de cálculo del puntaje total ponderado, reemplazar el término 'reprovisión' por carecer de significado y sustituir la voz 'desahuciar' por no corresponder a este tipo de contratos.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
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