El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un alcalde contra el artículo 60, inciso octavo, segunda parte, de la Ley N° 18.695, que regula la suspensión automática de alcaldes en ciertos procesos. El requirente alegaba que la norma vulneraba el debido proceso y otras garantías constitucionales. El Tribunal consideró que la disposición impugnada se ajusta a la Constitución y a los tratados internacionales, y que su aplicación no afecta el debido proceso, pues la suspensión opera dentro del marco legal y respeta los principios de separación de poderes y control de constitucionalidad. En consecuencia, se rechazó el requerimiento, se alzó la suspensión del procedimiento decretada y no se condenó en costas al requirente por haber tenido motivo plausible para litigar.
Normas citadas
Art. 60 inciso octavo segunda parte Ley N° 18.695
Art. 62 inciso tercero Ley N° 18.695
Art. 120 Ley N° 18.883
Art. 19 N° 3 inciso sexto Constitución Política de la República
Art. 5° inciso segundo Constitución Política de la República
Art. 8° Convención Americana sobre Derechos Humanos
Art. 9° Convención Americana sobre Derechos Humanos
Art. 14 N° 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional la suspensión automática de un alcalde establecida en el artículo 60 inciso octavo de la Ley N° 18.695 en procesos judiciales?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la disposición impugnada se ajusta a la Constitución y a los tratados internacionales, y que su aplicación no vulnera el debido proceso. Por ello rechazó el requerimiento de inaplicabilidad.
¿La suspensión de un alcalde dispuesta por la ley puede vulnerar el debido proceso?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la suspensión opera dentro del marco legal y respeta la separación de poderes y el control de constitucionalidad, por lo que no afecta el debido proceso. El requirente alegaba lo contrario.
¿Se debe condenar en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, pero no condenó en costas al requirente por haber tenido motivo plausible para litigar. Además, alzó la suspensión del procedimiento que había decretado.
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