La Superintendencia de Seguridad Social se pronunció sobre los descuentos aplicados a l…
Dictamen · Superintendencia de Seguridad Social · 2016
Resumen
La Superintendencia de Seguridad Social se pronunció sobre los descuentos aplicados a la pensión de un recurrente por créditos sociales otorgados por dos cajas de compensación. Se constató que las cuotas descontadas por ambos créditos, uno de 2001 y otro de 2012, superaban el 25% máximo permitido por la Circular N°2.052. Además, respecto del crédito de 2001, la caja acreedora no pudo acompañar el respaldo documental que acreditara la obligación, pues señaló que no fue encontrada. La Superintendencia recordó que para cobrar un crédito social no basta el registro en sistemas de información, sino que se requiere el respaldo documental. En consecuencia, instruyó a la caja a suspender cualquier acción de cobranza de las cuotas del crédito social y a devolver las cuotas descontadas desde diciembre de 2015 en adelante, en un plazo de diez días hábiles. Asimismo, advirtió que la prescripción de la deuda debe ser declarada por los Tribunales de Justicia, y que mientras ello no ocurra, las deudas se mantienen vigentes y pueden ser cobradas.
Normas citadas
Ley 16.395, artículo 48
Credito social prescripción límite
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si los descuentos por créditos sociales superan el 25% de la pensión?
En este caso, la Superintendencia de Seguridad Social constató que las cuotas descontadas por dos créditos superaban el 25% máximo permitido por la Circular N°2.052, por lo que instruyó a la caja a suspender el cobro y devolver lo descontado.
¿Es suficiente el registro en sistemas de información para cobrar un crédito social?
En este caso, la Superintendencia recordó que para cobrar un crédito social no basta el registro en sistemas de información, sino que se requiere el respaldo documental que acredite la obligación.
¿Quién declara la prescripción de una deuda por crédito social?
En este caso, la Superintendencia advirtió que la prescripción de la deuda debe ser declarada por los Tribunales de Justicia, y que mientras ello no ocurra, las deudas se mantienen vigentes y pueden ser cobradas.
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