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La Corte Suprema conoció un recurso de casación interpuesto por una solicitante que bus…

Sentencia · Corte Suprema · 2017

Resumen

La Corte Suprema conoció un recurso de casación interpuesto por una solicitante que buscaba la regularización de un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, basado en el artículo 2° transitorio del Código de Aguas, alegando uso desde 1972. La empresa Aguas del Altiplano S.A. se opuso por escasez hídrica. El tribunal de primera instancia acogió parcialmente la solicitud, regularizando 0,4 litros por segundo, pero la Corte de Apelaciones de Arica revocó y rechazó totalmente la petición. La Corte Suprema acogió el recurso, anuló la sentencia de alzada y confirmó la de primer grado, considerando que la posesión de las aguas se adquirió por herencia desde el fallecimiento de los padres en 1972, cumpliendo el requisito temporal. Se mantuvo el caudal de 0,4 litros por segundo por ser el efectivamente utilizado, según el informe técnico de la Dirección General de Aguas.

Normas citadas

  • Artículo 2° transitorio del Código de Aguas
  • Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 7° del Decreto Ley N°2.603 de 1979
  • Artículo 588 del Código Civil
  • Artículo 688 del Código Civil
  • Artículo 956 del Código Civil
  • Artículo 724 del Código Civil
  • Artículo 32 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces
aguasCorte Suprema

Preguntas frecuentes

¿Cómo se fija el caudal que se regulariza en un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas?

En este caso, la Corte Suprema mantuvo un caudal de 0,4 litros por segundo, por ser el efectivamente utilizado según el informe técnico de la Dirección General de Aguas. Con ello revocó el rechazo total de la Corte de Apelaciones de Arica.

¿Puede oponerse una empresa de servicios sanitarios a la regularización de derechos de aguas subterráneas alegando escasez hídrica?

En este caso, la empresa Aguas del Altiplano S.A. se opuso por escasez hídrica, pero la Corte Suprema no acogió esa oposición y confirmó la regularización parcial del derecho. La decisión se basó en el uso acreditado desde el período exigido.

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