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El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de tran…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Biobío. La presentación denunciaba burocracia y falta de atención de funcionarios del servicio, pero no alegaba incumplimiento de la obligación de mantener publicada en sitios electrónicos la información exigida por el artículo 7º de la Ley de Transparencia y el artículo 51 de su Reglamento. Por esa razón, el Consejo concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición y lo declaró inadmisible por unanimidad. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde su notificación, y no procede el recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un reclamo ante el Consejo para la Transparencia no alega incumplimiento de la transparencia activa?

En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo porque la presentación denunciaba burocracia y falta de atención de funcionarios, sin alegar que no se mantuvo publicada la información exigida por el artículo 7º de la Ley de Transparencia y el artículo 51 de su Reglamento.

¿Contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo procede reposición o reclamo de ilegalidad?

En este caso, el Consejo sostuvo que no procede el recurso de reposición, sino reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación.

¿Qué debe alegarse para que el Consejo para la Transparencia admita un reclamo por transparencia activa contra un servicio público?

En este caso, el Consejo concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante porque no alegaba el incumplimiento de la obligación de mantener publicada en sitios electrónicos la información del artículo 7º de la Ley de Transparencia y del artículo 51 de su Reglamento.

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