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El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las norma…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las normas de transparencia activa contra la Municipalidad de Las Condes. La parte reclamante, sin embargo, planteó en realidad una solicitud de fiscalización sobre el funcionamiento irregular de un restaurante, y no un reclamo por falta de información o de acceso al listado que los órganos de la Administración deben mantener en sus sitios electrónicos. Por ello, el Consejo concluyó que no existía infracción a los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, y que el reclamo carecía de un elemento habilitante, por lo que lo declaró inadmisible. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días corridos desde la notificación; no procede recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un reclamo ante el Consejo para la Transparencia en realidad busca una fiscalización y no reclama falta de información?

En este caso, el Consejo concluyó que el reclamante planteó una solicitud de fiscalización sobre el funcionamiento de un restaurante y no un reclamo por transparencia activa, por lo que no hubo infracción a los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento. Por eso declaró el reclamo inadmisible.

¿Cuál es el plazo para reclamar de ilegalidad contra una resolución del Consejo para la Transparencia y procede reposición?

Según esta resolución, contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días corridos desde la notificación. No procede recurso de reposición.

¿Qué se considera infracción a la transparencia activa de un órgano de la Administración?

En este caso, el Consejo sostuvo que la transparencia activa corresponde a la obligación de mantener en sus sitios electrónicos el listado de información que exigen los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento. Como el reclamo no versaba sobre falta de información ni de acceso a ese listado, no se configuró infracción.

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