Resumen del criterio jurisprudencial
Reafirmó el equilibrio entre la seguridad penitenciaria y la protección de los derechos fundamentales de los reclusos. El Consejo consideró que el régimen especial de las unidades contra el crimen organizado cuenta con salvaguardias suficientes para evitar abusos y garantizar la legalidad de las medidas restrictivas. La resolución también valida la actuación de la administración penitenciaria en la prevención del tráfico de influencias y la continuidad delictiva desde las cárceles.