Resumen
La Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió la demanda contra El Salvador y declaró al Estado internacionalmente responsable por la violación de múltiples derechos humanos en perjuicio de una mujer condenada por infanticidio en el contexto de una emergencia obstétrica. El tribunal estableció que el proceso penal fue discriminatorio y careció de garantías procesales, afectando derechos como la vida, integridad personal, libertad, presunción de inocencia, defensa, salud e igualdad ante la ley, así como las obligaciones derivadas de la Convención de Belém do Pará. Asimismo, constató el sufrimiento del núcleo familiar de la víctima. En su resolutivo, la Corte ordenó al Estado adoptar diversas reparaciones, entre ellas la publicación de la sentencia, un acto público de reconocimiento de responsabilidad, becas de estudio para los hijos, atención médica y psicológica para los padres, adecuación normativa sobre prisión preventiva y dosimetría penal, protocolos de atención para emergencias obstétricas, programas de capacitación y educación sexual, e indemnizaciones por daño material e inmaterial. El tribunal supervisará el cumplimiento íntegro de lo resuelto.