El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito (Ley N° 18.290), que suspende la ejecución de penas sustitutivas y obliga al cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad en delitos de tránsito con resultado de muerte. El requirente alegaba vulneración de garantías constitucionales, entre ellas la igualdad ante la ley y el debido proceso. El Tribunal rechazó el requerimiento, concluyendo que la diferenciación introducida por el legislador es razonable y proporcionada en el ámbito especial de la actividad de tránsito, donde la hoja de vida del conductor y sus antecedentes penales resultan relevantes para el cumplimiento de deberes de cuidado y la protección de la vida e integridad física de terceros. La conducta del conductor frente a la legislación es cognoscible, por lo que la norma no vulnera las garantías invocadas.
Normas citadas
artículo 196 ter, de Ley N° 18.290
artículo 1, de Ley N° 18.290
artículo 2, de Ley N° 18.290
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual
Preguntas frecuentes
¿Vulnera la igualdad ante la ley que se aplique un régimen de cumplimiento efectivo solo a los delitos de tránsito con resultado de muerte?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la diferenciación es razonable y proporcionada, pues la hoja de vida del conductor y sus antecedentes penales resultan relevantes para el cumplimiento de deberes de cuidado y la protección de la vida e integridad física de terceros.
¿Se vulnera el debido proceso al aplicar el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y concluyó que la norma no vulnera las garantías invocadas, entre ellas la igualdad ante la ley y el debido proceso, porque la conducta del conductor frente a la legislación es cognoscible.
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