El Tribunal Constitucional conoció un recurso de agravio constitucional contra una reso…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un recurso de agravio constitucional contra una resolución que declaró infundada una demanda de habeas corpus, presentada a favor de un imputado en un proceso penal por tráfico ilícito de drogas, en el que se impugnaba la prisión preventiva. El tribunal acogió parcialmente el recurso y anuló la prisión preventiva por considerar que la Sala Penal de Apelaciones no había motivado adecuadamente el peligro procesal, requisito esencial para imponer dicha medida. No obstante, en la parte final del fallo se advierte un voto particular que estima que la motivación sí cumplía con los estándares constitucionales y legales, por lo que declaraba infundada la demanda. Se resolvió acoger parcialmente el recurso, anulando la medida cautelar por el vicio señalado.
Normas citadas
Art. 268, inc. c) del Código Procesal Penal
prisión preventivapeligro procesalmotivación judicialderecho al debido procesolibertad personal
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional anular una prisión preventiva si la resolución que la impuso no motivó adecuadamente el peligro procesal?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el recurso y anuló la prisión preventiva, porque consideró que la Sala Penal de Apelaciones no había motivado adecuadamente el peligro procesal, requisito esencial para imponer esa medida.
¿Qué ocurre cuando un juez de la Sala de Apelaciones no fundamenta el peligro procesal al decretar prisión preventiva en un caso de tráfico de drogas?
En este caso, el tribunal sostuvo que la falta de motivación del peligro procesal vicia la medida cautelar, y por ello la anuló, aunque se trataba de un imputado por tráfico ilícito de drogas.
¿Es posible que una decisión constitucional sobre habeas corpus contra prisión preventiva tenga un voto disidente?
Sí, en este caso se registró un voto particular que estimaba que la motivación sí cumplía los estándares constitucionales y legales y que la demanda debía declararse infundada, pero prevaleció la decisión de anular la medida.
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