El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la Ley de Tránsito, que suspende por un año la ejecución de penas sustitutivas en delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. El tribunal concluyó que la limitación responde a razones legítimas de política criminal vinculadas a la protección de la vida y la seguridad vial, y que no vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso, la racionalidad de la pena ni las obligaciones internacionales del Estado, reiterando su doctrina sobre que la medida no excede las facultades del legislador. La sentencia fue redactada por un ministro, con una disidencia y una prevención.
Normas citadas
artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley Nº 18.290
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que se suspenda la ejecución de penas sustitutivas por un año en delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y concluyó que la suspensión por un año de las penas sustitutivas en delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte no vulnera la Constitución.
¿Vulnera la igualdad ante la ley la suspensión de penas sustitutivas para condenados por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la limitación no vulnera la igualdad ante la ley, pues responde a razones legítimas de política criminal vinculadas a la protección de la vida y la seguridad vial.
¿Excede el legislador sus facultades al establecer la suspensión de penas sustitutivas en delitos de tránsito con resultado de muerte?
En este caso, el Tribunal Constitucional reiteró su doctrina de que la medida no excede las facultades del legislador y que no vulnera el debido proceso, la racionalidad de la pena ni las obligaciones internacionales del Estado.
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