Resumen
En 1990, la Junta de Gobierno remitió al Tribunal Constitucional, para control preventivo obligatorio, un proyecto de ley que modificaba la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. El Tribunal constató que todas las disposiciones del proyecto recaían sobre materias reservadas a ley orgánica constitucional, conforme al artículo 81 de la Constitución, y que el texto remitido estaba conforme con la Carta Fundamental. En consecuencia, el Tribunal declaró que el proyecto era constitucional y ordenó devolverlo a la Junta de Gobierno, rubricado en cada una de sus hojas por el Secretario del Tribunal, oficiándose al respecto. La sentencia fue pronunciada por el Tribunal Constitucional en pleno, integrado por su Presidente y cinco Ministros, y autorizada por su Secretario.