Resumen del criterio jurisprudencial
El recurso de protección fue interpuesto en favor de Juan Carlos Andia Rivera y Mary Deline Guzmán Arteaga, ciudadanos bolivianos, contra el Servicio Nacional de Migraciones por las resoluciones que rechazaron sus solicitudes de residencia temporal y ordenaron su abandono del país en 15 días con prohibición de ingreso por 5 años. Los recurrentes alegaron que el rechazo se basó en comprobantes de pago de multa adulterados, pero que ellos actuaron de buena fe, siendo víctimas de un tercero que falsificó los documentos. Invocaron vulneración de la libertad personal, seguridad individual, y el principio de unidad familiar, citando normas constitucionales y convencionales. La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso, considerando que las resoluciones recurridas emanaron de la autoridad competente, estaban debidamente justificadas y no constituían un acto arbitrario o ilegal. El fallo concluyó que no se verificaron los presupuestos para acoger la acción cautelar de protección.