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Dos funcionarias a contrata del Ministerio de Bienes Nacionales, con casi veinte años d…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

Dos funcionarias a contrata del Ministerio de Bienes Nacionales, con casi veinte años de servicio, dedujeron recurso de protección contra la decisión de no renovar sus contratas para el año 2026, fundada en la existencia de investigaciones penales y sumarios administrativos en su contra. Alegaron vulneración de la igualdad, la presunción de inocencia, la propiedad y la confianza legítima. La Corte de Apelaciones rechazó el recurso, señalando que la no renovación de un empleo a contrata es una facultad discrecional de la administración, ejercida conforme al Estatuto Administrativo. Sostuvo que la formalización penal y el allanamiento constituyen antecedentes objetivos y graves que justifican la pérdida de confianza institucional e idoneidad para el cargo, sin que ello implique una sanción anticipada ni vulnere la presunción de inocencia, pues el empleo es transitorio y expira por ministerio de la ley cada año. Confirmó la legalidad de los actos y ordenó archivar la causa.

Normas citadas

  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 18.834
  • Artículo 10 de la Ley N° 18.834
  • Artículo 52 de la Ley N° 18.575
recurso de protecciónno renovación de contrataconfianza legítimapresunción de inocenciaprobidad funcionariadiscrecionalidad administrativaEstatuto Administrativosumario administrativo

Preguntas frecuentes

¿Puede la administración no renovar una contrata si el funcionario tiene investigaciones penales o sumarios en curso?

En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que la no renovación de un empleo a contrata es una facultad discrecional de la administración, ejercida conforme al Estatuto Administrativo. Consideró que la formalización penal y el allanamiento son antecedentes objetivos y graves que justifican la pérdida de confianza institucional.

¿La no renovación de una contrata por antecedentes penales vulnera la presunción de inocencia?

En este caso, la Corte de Apelaciones concluyó que no, porque la decisión no constituye una sanción anticipada, dado que el empleo a contrata es transitorio y expira por ministerio de la ley cada año. Por eso rechazó el recurso de protección.

¿Un funcionario a contrata con muchos años de servicio tiene derecho a que se le renueve su contrata por confianza legítima?

En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso y confirmó la legalidad de los actos, al considerar que la antigüedad no genera un derecho a la renovación. La decisión se fundó en la facultad discrecional de la administración y en la naturaleza transitoria del empleo a contrata.

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