Resumen del criterio jurisprudencial
Las funcionarias a contrata Claudia Paz Órdenes Bravo y Carolina Elisabeth Rodríguez Quezada, con casi 20 años de servicio en el Ministerio de Bienes Nacionales, interpusieron un recurso de protección contra las resoluciones que no renovaron sus contratas para 2026, basadas en la existencia de investigaciones penales y sumarios administrativos en su contra. Alegaron vulneración de los derechos a la igualdad, presunción de inocencia y propiedad, así como el principio de confianza legítima. La Corte de Apelaciones de Arica rechazó el recurso, considerando que la decisión de no renovar la contrata es una facultad discrecional de la administración, ejercida dentro del marco del Estatuto Administrativo. Sostuvo que los antecedentes objetivos de las investigaciones, incluyendo formalización penal y allanamiento, justificaban la pérdida de confianza institucional y la idoneidad requerida para el cargo. El tribunal destacó que el empleo a contrata es transitorio y expira por ministerio de la ley cada año, por lo que su no renovación no constituye una sanción anticipada ni vulnera la presunción de inocencia. En consecuencia, confirmó la legalidad de los actos recurridos y ordenó el archivo de la causa.