La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de un funciona…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, cuya salud fue declarada incompatible para el desempeño de su cargo por haber utilizado licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años. El afectado alegó transgresiones al debido proceso y solicitó la invalidación y suspensión de los efectos de la resolución que rechazó su recurso de reposición. El órgano contralor determinó que la decisión del Director General se ajustó a derecho, pues se acreditó la causal invocada, no se vulneró el debido proceso al haber podido impugnar, y no procedía invalidar el acto al no existir un supuesto erróneo o infracción legal. Además, precisó que la sentencia de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional solo produce efectos en el caso respectivo y que la suspensión de efectos en sede administrativa es facultad del órgano correspondiente.
Normas citadas
ley 18834 art/151
dfl 1/80 Defen art/153
dto 36/84 Defen art/4
dto 36/84 Defen art/5
ley 18834 art/111
Pol art/19 num/7 lt/h
Pol art/19 num/9
Pol art/19 num/16
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Policía de Investigaciones declarar incompatible con el cargo a un funcionario por el uso excesivo de licencias médicas?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la decisión de la PDI se ajustó a derecho, porque se acreditó la causal de incompatibilidad por haber usado licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años.
¿Se vulnera el debido proceso si un funcionario impugnó la declaración de incompatibilidad por salud?
En este caso, la Contraloría sostuvo que no hubo vulneración del debido proceso, pues el funcionario tuvo la posibilidad de impugnar la decisión mediante el recurso de reposición.
¿Procede invalidar un acto administrativo que rechazó un recurso de reposición si se alega infracción al debido proceso?
En este caso, la Contraloría determinó que no procedía la invalidación, porque no existía un supuesto erróneo ni infracción legal que justificara invalidar el acto. Además, precisó que la suspensión de sus efectos en sede administrativa corresponde al órgano competente.
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