Resumen del criterio jurisprudencial
El profesor analiza las debilidades estructurales de la Ley 20.000 y su aplicación judicial, afirmando que el sistema penal sigue centrado en consumidores y microtraficantes, mientras las organizaciones criminales mantienen su capacidad operativa. Aborda además los criterios probatorios más problemáticos, la insuficiente coordinación institucional en persecución y lavado de activos, los desafíos regionales y las reformas urgentes que requiere la política criminal en materia de drogas.