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La Contraloría General de la República devolvió sin tramitar la resolución N° 177, de 2…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República devolvió sin tramitar la resolución N° 177, de 2009, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, que modificaba el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. El órgano de control constató que el plano RM-PRM-00-1A/41A no fue confeccionado sobre base aerofotogramétrica o satelital georreferenciada, como exige el artículo 2.1.4. de la OGUC, y que omite graficar las zonas de riesgo de varios pozos de extracción de agua, lo que impide determinar la extensión de las áreas de riesgo. Además, no consta la consulta a las municipalidades exigida por el artículo 2.1.9. N° 1 de la OGUC, y se detectaron diferencias entre el texto aprobado y la Resolución Exenta N° 144, de 2005, de la Comisión Regional del Medio Ambiente, que lo calificó ambientalmente favorable.

Normas citadas

  • dto 47/92 vivie art/2/1/17
  • dto 47/92 vivie art/2/1/7 dto 47/92 vivie art/2/1/3
  • dto 47/92 vivie art/1/1/2 dto 47/92 vivie art/4/14/2
  • dto 47/92 vivie art/2/1/29 dto 47/92 vivie art/2/1/9
  • dto 47/92 vivie art/2/1/4
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría tramitar una modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago que no está respaldada por un plano georreferenciado?

No. En este caso, la Contraloría devolvió sin tramitar la resolución que modificaba el Plan Regulador Metropolitano, porque el plano no se confeccionó sobre base aerofotogramétrica o satelital georreferenciada, como exige la OGUC.

¿Qué pasa si un instrumento de planificación urbana no grafica las zonas de riesgo de pozos de extracción de agua?

En este caso, la Contraloría constató que el plano omitía graficar esas zonas de riesgo, lo que impedía determinar la extensión de las áreas de riesgo, y por ello devolvió la resolución sin tramitar.

¿Es obligatorio consultar a las municipalidades antes de modificar un Plan Regulador Metropolitano?

Sí, según lo sostenido en este caso. La Contraloría observó que no constaba la consulta a las municipalidades exigida por el artículo 2.1.9. N° 1 de la OGUC, y además detectó diferencias entre el texto aprobado y la resolución ambiental que lo calificó favorable.

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