El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de tran…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado por una ciudadana contra la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Metropolitana. La reclamante denunciaba que no había sido notificada de una multa de tránsito, pero no reclamaba por la falta de completitud o de acceso a la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos conforme al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento. Por ello, el Consejo concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición y lo declaró inadmisible por unanimidad de sus miembros presentes. Contra esta decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde su notificación, y no el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Puede reclamarse ante el Consejo para la Transparencia por falta de notificación de una multa de tránsito?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el reclamo porque la reclamante no alegó infracción a las normas de transparencia activa del artículo 7º de la Ley de Transparencia ni del artículo 51 de su Reglamento, faltando así un elemento habilitante para su interposición.
¿Cuál es el plazo y la vía para impugnar una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
En este caso, el Consejo indicó que procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde su notificación, y no el recurso de reposición.
¿Qué normas de transparencia activa pueden ser objeto de un reclamo ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo sostuvo que el reclamo debe fundarse en la falta de completitud o de acceso a la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos, conforme al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento.
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