Resumen
Determinó que las normas impugnadas no crean sanciones nuevas ni vulneran la reserva de ley, sino que establecen medidas regulatorias derivadas de la potestad de control estatal. Asimismo, concluyó que el régimen de fijación directa no constituye una sanción, sino un mecanismo excepcional para garantizar el acceso universal a medicamentos y prevenir abusos en el mercado. Con ello, se ratifica la validez de la política pública en materia de salud y control de precios.