Resumen
El tribunal de alzada aumentó de $40 millones a $80 millones la reparación por daño moral derivado de la detención ilegal, privación de libertad, tortura, violencia sexual y exilio sufridos por la demandante a manos de agentes estatales durante la dictadura. La sentencia descartó la prescripción de la acción y afirmó que las medidas generales de reparación del Estado no impiden el ejercicio de acciones indemnizatorias individuales.