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El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presenta…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presentado contra Carabineros de Chile, que había negado la entrega de correos institucionales de funcionarios y reparticiones, así como la identificación de fiscalías administrativas. El Consejo acogió parcialmente el amparo: rechazó la solicitud de entrega de las casillas electrónicas de los funcionarios, pero ordenó al General Director de Carabineros entregar al reclamante la información sobre la dirección o casilla de correo institucional de las reparticiones de la Dirección de Inteligencia. El cumplimiento debía efectuarse en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la decisión quedara ejecutoriada, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, e informarse al Consejo para su verificación. La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo y notificada a las partes, con la posibilidad de interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en el plazo de quince días corridos.

Normas citadas

  • Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOrden y Seguridad Interior

Preguntas frecuentes

¿Se puede negar la entrega de correos institucionales de funcionarios públicos por protección de la vida privada?

En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó la solicitud de entrega de las casillas electrónicas de los funcionarios, acogiendo solo parcialmente el amparo.

¿Qué información sobre correos institucionales de reparticiones públicas se puede solicitar y obtener?

En este caso, el Consejo ordenó al General Director de Carabineros entregar la información sobre la dirección o casilla de correo institucional de las reparticiones de la Dirección de Inteligencia.

¿Qué plazo tiene el organismo para cumplir una orden del Consejo para la Transparencia y qué pasa si no cumple?

En este caso, el Consejo fijó un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la decisión quedara ejecutoriada, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, e informar al Consejo para su verificación.

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