Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando entregar la resolución que instruye un sumario administrativo y designa al fiscal a cargo. Antes de la entrega, el organismo debe tarjar la identidad de las personas denunciantes y de los funcionarios que declararon como testigos, así como los datos personales de contexto contenidos en la información, como domicilio, teléfono, correo electrónico y RUT. El Consejo descartó que se configurara la causal de reserva del artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, al considerar que la divulgación no afecta el éxito de la investigación, aplicando el criterio de decisiones previas sobre amparos. Fijó un plazo de cinco días hábiles para cumplir lo ordenado, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y dispuso que se acredite la entrega efectiva de la información. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo y contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, sin perjuicio de que la Administración no puede impugnar cuando el acceso se otorgó y la denegación se fundó en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.